Legislación.

La prevención jurídica es fundamental para la tranquilidad de familiares y enfermos de Alzheimer

Con el objetivo de concienciar e informar a la sociedad en general de la importancia de la prevención jurídica en casos tan particulares como en la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Privada de Notarios de Cataluña organizaron la jornada “Con prevención, mejor. Asesoramiento jurídico en la enfermedad del Alzheimer”.

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Los expertos recomiendan pensar en la delegación de voluntades antes de que aparezcan los síntomas de Alzheimer

En este foro se expusieron las diversas herramientas jurídicas disponibles para decidir sobre nuestro futuro, ya que la prevención jurídica, tal y como indicó Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall “es el mejor aliado para la tranquilidad futura de los afectados y sus familiares”. Y en este sentido, Rocío Maestre, directora de la Fundación de los Notarios de Catalunya, recalcó la importancia de la prevención jurídica y la importante labor que ejercen los notarios en este ámbito, destacando “la voluntad de servicio de los notarios a los ciudadanos y, especialmente, a aquellos en situaciones de vulnerabilidad”.

En su intervención, Albert Domingo Castellà, miembro del Colegio Notarial de Cataluña, aconsejó pensar en la delegación de voluntades antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad del Alzheimer o, como muy tarde, cuando aparecen los primeros indicios de pérdida de memoria, teniendo en cuenta estos cuatro elementos jurídicos:

  • El poder general preventivo, que sirve para escoger la persona que queremos que administre nuestro patrimonio, y que se puede tramitar solo antes de la pérdida de la capacidad. Se puede indicar que sea eficaz desde su firma o bien que lo sea solo en caso de perder la capacidad, acreditada por informes médicos. Disponer de este documento disminuye la presión del cuidador y simplifica y abarata notablemente su actuación a nivel de representación jurídica y económica del enfermo en casos de pérdida sobrevenida de capacidad.
  • La autotutela, documento que sirve para determinar quién queremos que se ocupe de nosotros y de nuestro patrimonio, en caso de que un juez decretara la pérdida de nuestra capacidad. Ejerce una función de prevención de un posible conflicto familiar por la disputa del rol de cuidador al ser el propio enfermo quien decide, cuando aún es capaz, la persona que considera lo cuidará mejor.
  • El Documento de Voluntades Anticipadas, también conocido como Testamento Vital. Éste es un instrumento que, en la fase final de la vida, evita situaciones innecesarias que comportan más sufrimiento motivadas por el deterioro de un ser querido. Permite a la persona decidir, entre otros, si en un futuro quiere aceptar, o descartar, procedimientos terapéuticos específicos, así como designar un representante interlocutor con el personal médico si no podemos expresar nuestra voluntad por nosotros mismos.
  • El Testamento, que permite determinar el destino de nuestros bienes materiales de acuerdo a nuestra voluntad, ya que si no se hace este documento, la ley decidirá por nosotros el destino de nuestros bienes.

Albert Domingo Castellà destacó también que los notarios, como funcionarios del Estado, trabajan para proporcionar la seguridad jurídica que recoge la Constitución y entre sus funciones está la de asesorar a los ciudadanos, de forma gratuita, garantizando que los negocios jurídicos se ajusten a las necesidades y a la legalidad.

En esta jornada también se abordó la problemática generada por situaciones donde la enfermedad ya está en una fase avanzada, y el afectado no puede tomar las decisiones por él mismo. En estos casos, el Código Civil prevé recurrir a la incapacidad y nombrar una tercera persona como tutor, a quien se le atribuye la potestad y la obligación de velar por el bien del enfermo. Dicha incapacitación, la puede tramitar y promover, por vía judicial, el cónyuge, los descendentes (hijos o nietos), los ascendentes (padres o abuelos), hermanos o el propio ministerio fiscal.

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Castilla y León aprueba un nuevo modelo de atención a las personas mayores

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto 2/2016, de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores.

En esta nueva normativa cobran especial relevancia los conceptos de calidad de vida en los servicios sociales que se concreta en las dimensiones de la autodeterminación, el bienestar físico, el bienestar emocional, los derechos de las personas, la inclusión social, el desarrollo personal y las relaciones interpersonales.

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Este Decreto supone un cambio normativo hacia un nuevo modelo de atención en centros para personas mayores

Este cambio normativo trata de implementar un nuevo modelo de atención en centros para personas mayores que está basado en los siete pilares:

  • El primer pilar del nuevo modelo de atención es el instrumento que debe servir de base para la planificación vital centrada en la persona, el proyecto de vida. A las personas usuarias de los servicios se les asignará un profesional de referencia que garantice la ejecución de ese “proyecto de vida”.
    Ese profesional se convertirá en el interlocutor cualificado y cercano de la persona que recibe los apoyos y garantizará que las expectativas, deseos y preferencias de las personas mayores usuarias de los centros, sean conocidas por los profesionales.
  • En segundo lugar, un innovador enfoque de los objetivos y cometidos de los profesionales. En el nuevo modelo las decisiones sobre los apoyos que deben prestarse a las personas usuarias de los servicios pasan de ser una decisión profesional, o de un equipo de profesionales, a ser decisiones de las mismas personas usuarias, ya que afectan a su estilo y condiciones de su vida.
    En el nuevo modelo de atención, los profesionales informan y proponen a la persona usuaria las intervenciones que la evidencia científica y su conocimiento profesional estiman como más convenientes para su atención, pero es la propia persona quien toma la decisión sobre su futuro hacia un envejecimiento deseable.
  • Otro pilar será un nuevo concepto de relación entre las personas mayores y sus familias y los centros. El nuevo modelo cambia un sistema de atención basado en presupuestos y valores de actuación profesional que se dirigía fundamentalmente al mantenimiento de la salud, por un modelo de atención integral y centrado en la persona, que siendo estrictamente profesional, gira en torno a las expectativas y deseos de las personas atendidas a las que se prestan apoyos alineados con las preferencias que éstas manifiesten.
    Por ello, se considera que la actividad principal en los centros residenciales se orienta a asimilar la vida cotidiana a la del entorno familiar, muy diferente a la actividad hospitalaria.
  • En cuarto lugar, se abre paso un nuevo tipo de centro, bajo la denominación de centro multiservicio, destinado a personas usuarias en horario parcial diurno y a personas usuarias en estancias nocturnas. Las principales características de estos centros son, por un lado, que sus usuarios siguen conservando su domicilio habitual, pero disfrutan en horarios personalizados de la totalidad de los servicios que el centro multiservicios tenga inscritos en el registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León; y por otro lado, que las personas usuarias de los centros multiservicios en horario parcial diurno podrán optimizar las dotaciones de instalaciones y de personal de los centros residenciales y de los centros de día para hacer más eficiente la prestación de servicios a la vez que pueden ser usuarias de servicios a los que hasta la fecha no podían acceder.
  • En quinto lugar, se aglutinan en una única categoría los tipos de plazas residenciales, la de aptas para atender a personas en situación de dependencia, que responde a la mayoría de personas usuarias de los centros residenciales, superando así la diversa clasificación existente de plazas aptas para válidos, para asistidos, plazas mixtas o para asistidos que adolezcan o no de graves dificultades para el desplazamiento.
  • Un sexto pilar del nuevo modelo de atención es la mayor coordinación, interrelación y colaboración entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, en línea con una concepción integral del ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
  • En séptimo lugar, y no por ello menos importante, la introducción de la gestión de la calidad y la normalización de los servicios para la promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia, referidas tanto al modelo de atención como a la oferta y desarrollo de servicios, en condiciones de igualdad y accesibilidad, respondiendo a un compromiso con los ciudadanos para hacer efectivo un sistema de servicios que ofrezca garantías y seguridad.

Estos siete pilares fundamentales del nuevo modelo de atención a las personas mayores que se presta en los centros de carácter social de Castilla y León se desarrollan a lo largo de cuarenta y nueve artículos organizados en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

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Nueva normativa de funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León.

 

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DECRETO 2/2016, de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León.

 

Son   Buenas prácticas profesionales, en materia de servicios sociales,   la   autodeterminación, la intervención basada en apoyos, el proyecto de vida y la calidad de vida, conceptos que deben prevalecer sobre aquellos ligados a los cuidados asistenciales, la limpieza, la seguridad, la salud, los cuales, siendo necesarios, pasan de ser un objetivo indiscutible a ser elementos sometidos a la autodeterminación, las relaciones personales, los afectos, la inclusión social y las expectativas y deseos de las personas.

 

La calidad de vida en los servicios sociales, se concreta en las dimensiones de la autodeterminación, el bienestar físico, el bienestar emocional, los derechos de las personas, la inclusión social, el desarrollo personal y las relaciones interpersonales  ,   que facilitan que la nueva configuración de los centros se aleje del carácter hospitalario que tenían en el modelo de atención anterior

 

1º  la planificación vital centrada en la persona, el proyecto de vida. A las personas usuarias de los servicios se les asignará un profesional de referencia que garantice la ejecución de ese «proyecto de vida»; ese profesional se convertirá en el interlocutor cualificado y cercano de la persona que recibe los apoyos y garantizará que las expectativas, deseos y preferencias de las personas mayores usuarias de los centros, sean conocidas por los profesionales.

 

Los profesionales informan y proponen a la persona usuaria las intervenciones que la evidencia científica y su conocimiento profesional estiman como más convenientes para su atención, pero es la propia persona quien toma la decisión sobre su futuro hacia un envejecimiento deseable.

 

2º  se han tenido que contemplar ratios  de  personal  inferiores para situaciones, que son las habituales, en las que los usuarios de los centros sean personas con grado I reconocido o incluso sin ningún grado de dependencia   con  la exigencia de cualificación profesional

 

3º  nuevo concepto de relación entre las personas mayores y sus familias y los centros. El nuevo modelo cambia un sistema de atención basado en presupuestos y valores de actuación profesional que se dirigía fundamentalmente al mantenimiento de la salud, por un modelo de atención integral y centrado en la persona, que siendo estrictamente profesional, gira en torno a las expectativas y deseos de las personas atendidas a las que se prestan apoyos alineados con las preferencias que éstas manifiesten.

 

5º en los centros residenciales se orienta a asimilar la vida cotidiana a la del entorno familiar, muy diferente a la actividad hospitalaria. Las personas usuarias de estos centros no son enfermos, al menos no lo son más que el resto de personas con la misma edad que residan en viviendas convencionales

 

6º  centro multiservicio, destinado a personas usuarias en horario parcial diurno y a personas usuarias en estancias nocturnas. Estas unidades sirven de respiro a familias y cuidadores, favoreciendo la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual ,  sus usuarios siguen conservando su domicilio habitual, pero disfrutan en horarios personalizados de la totalidad de los servicios que el centro multiservicios tenga inscritos.

 

7º   Hay una única categoría los tipos de plazas residenciales, la de aptas para atender a personas en situación de dependencia, que responde a la mayoría de personas usuarias de los centros residenciales, superando así la diversa clasificación existente de plazas aptas para válidos, para asistidos, plazas mixtas o para asistidos que adolezcan o no de graves dificultades para el desplazamiento.

 

8º  en centros de personas mayores se refiere, la implantación de servicios de farmacia o la creación de las unidades de convalecencia sociosanitaria

 

9º  gestión de la calidad y la normalización de los servicios para la promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia, referidas tanto al modelo de atención como a la oferta y desarrollo de servicios, en condiciones de igualdad y accesibilidad, respondiendo a un compromiso con los ciudadanos para hacer efectivo un sistema de servicios que ofrezca garantías y seguridad.

 

10º   exigencia de autorización en los casos de apertura y puesta en funcionamiento de un centro, traslado, modificación sustancial de las instalaciones, tipología o naturaleza de los servicios que se prestan o del número de plazas, reduciendo así a lo estrictamente necesario los actos que se someten a autorización administrativa.  La autorización prevista en este decreto no suplirá, en ningún caso, las autorizaciones o licencias que se requieran conforme a la normativa vigente.

 

11º durante el funcionamiento de un centro, como son el cambio de titularidad, el traslado, el cese de un servicio o actividad o el cierre temporal o definitivo, resulta exigible la comunicación previa al órgano competente

 

12º Las dificultades para adaptar dichos centros residenciales al modelo arquitectónico que el presente decreto configura, aconsejan no imponer lo imposible, y hacer convivir un modelo que se estima como deseable, con la realidad de una oferta que puede ser adecuada.  la figura del profesional de referencia, la historia de vida y los proyectos de vida, como organizadores de la planificación centrada en la persona, serán de obligado cumplimiento para todos los centros.

 

13º  se da la posibilidad a los centros a  realizar ampliaciones en superficie y en oferta de plazas, sin que se constituyan en unidades de convivencia, siempre que no superen las 15 plazas.

 

14º  establece el plazo  de    un  año  para que los centros residenciales que cuenten con habitaciones con tres o cuatro plazas autorizadas reduzcan su oferta a un máximo que dos.

 

15º convalidar las plazas reservadas para enfermería en los centros residenciales como plazas para residentes.

 

16º se fija el plazo y los requisitos para que los centros residenciales que no cuenten con todas las plazas aptas para personas dependientes puedan alcanzar esta autorización. Se trata de unos requisitos que por un lado, garantizan la calidad en el servicio y por otro, disminuyen las exigencias, en aras a que las personas puedan permanecer en sus habitaciones cuando sean personas dependientes.

 

17º  régimen de autorización de los centros que están en fase de proyecto o que hayan iniciado las obras de construcción, de acuerdo con los requisitos de la normativa anterior a la entrada en vigor de este decreto

 

18º el plazo en el que serán exigibles, para todos los centros, los requisitos en materia de plantillas de personal  será  de   12  meses desde  la  entrada  en  vigor  osea  18  meses desde la publicación de esta  ley   el  4/2/2016

 

19º la cualificación profesional del personal de atención directa en tanto se haya completado la formación y la acreditación de la cualificación de los profesionales de atención directa que lo precisen

 

20º incorporar a la gestión de los centros, el proyecto de vida y el plan de calidad con los que deben contar y a las previsiones de habilitación

 

Las  personas  mayores de  65  años   serán  los  usuarios   y  tambien  la  Persona con necesidades afines a las de las personas dependientes. Se considerarán como tales a las personas que no cumpliendo el requisito de edad, presenten necesidad de apoyos similares a los de las personas dependientes.

 

Actividades básicas de la vida diaria. Son las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, entendiéndose por tales el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender, dar y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

 

Plan de apoyos: Es el instrumento de intervención de carácter técnico que deberá figurar por escrito y en el que quedarán reflejados los apoyos que se van a proporcionar a la persona usuaria de los centros para conseguir el desenvolvimiento de la persona en su cotidianeidad e inclusión social. Durante su diseño y ejecución se deben visibilizar ante la propia persona, su familia y el equipo profesional, las habilidades, destrezas y capacidades que la persona conserva, y, apoyándose en ellas, ofrecer los cuidados, estímulos y apoyos que en cada caso se requieran.

 

Unidad de convivencia. Define la estructura espacial con dimensión y ambiente de hogar, en los términos establecidos en la presente norma, en la que convive un grupo de personas mayores a quienes, con el objetivo de promover su autonomía, independencia e integración social, se proporcionan los apoyos necesarios para que sigan desarrollando su proyecto y forma de vida, de acuerdo a sus deseos y valores.

 

Centro multiservicios. Es la agrupación bajo la misma titularidad y en el mismo edificio o centro de los regulados en el presente decreto, de un conjunto de servicios dirigidos a las personas que siguen viviendo en su domicilio pero que necesitan apoyos para mantener su autonomía y su integración social.

 

h) Estancia parcial en horario diurno. Es el periodo de tiempo que una persona que no es usuaria de servicio completo en un centro residencial o en un centro con unidad de estancia diurna, permanece recibiendo cualquiera de los servicios para los que están autorizados los centros multiservicios por la normativa de servicios sociales.

 

i) Estancia parcial en horario nocturno. Es el periodo de tiempo que una persona permanece en un centro multiservicios para personas mayores, recibiendo cualquiera de los servicios que necesite en ese horario para los que esté autorizado el centro por la normativa de servicios sociales.

 

 

Pasillos  igual o superior a 1,50 metros. A estos efectos se entenderá que los pasamanos no reducen el ancho mínimo

Puertas  será de 0,78 metros en todas aquellas dependencias con acceso para personas usuarias. En el caso de puertas correderas, la anchura se medirá entre el marco y la hoja.

En los aseos destinados a personas usuarias abrirán hacia el exterior o serán correderas y en cualquier caso su cierre interior tendrá un mecanismo de apertura desde el exterior en caso de emergencia.

 

En los aseos que sean de uso público general bastará que cumplan esta condición las puertas de las cabinas de los inodoros.  Se dispondrán pasamanos en uno de los laterales de los pasillos y zonas de tránsito  su parte más alta estará comprendida entre 0,80 y 1,00 metros.

 

Ascensor  Si existiese, al menos uno de los ascensores que se instalen en los centros residenciales deberán tener unas dimensiones interiores mínimas en la cabina de 2,10 metros de fondo y 1,10 metros de ancho, el resto tendrán que ser accesibles. Para los centros de día tendrá que ser accesible.

 

Se dotará de instalación de alumbrado de emergencia a las siguientes dependencias: vestíbulos, salas de espera, pasillos, zonas comunes generales así como las de las unidades de convivencia, aseos, vestuarios de personal, almacenes, cocina y despachos, con independencia de la superficie del centro.

 

La capacidad máxima de cada unidad de convivencia será de 16 plazas, resultado de asignar una ocupación de hasta el 50% de las plazas con uso doble y el resto con uso individual.

Cada unidad de convivencia dispondrá de las siguientes dependencias:

a)  habitaciones.

b) Zonas comunes: cocina, comedor y sala de estar.

Las habitaciones, las zonas comunes y las zonas de circulación serán contiguas en cada unidad de convivencia.

a) La superficie mínima de las habitaciones será de 19 metros cuadrados útiles.

b) Las habitaciones serán personalizables por la persona usuaria que vaya a ocuparlas como residencia permanente, que pueden ser la totalidad de los componentes muebles, cortinas y pequeños electrodomésticos. La cama será dotación del centro, salvo acuerdo en diferente sentido entre la persona usuaria y el centro.

 

Las camas tendrán un ancho mínimo de 0,90 metros de anchura, deberán ser articuladas, entendiendo por tales las que se puedan abatir en dos o más planos.

Contarán con toma de TV, teléfono y acceso a banda ancha.

Contará con un baño con ducha accesible, que cumplirá los requisitos de la normativa de accesibilidad para estos espacios, y tendrá acceso al mismo desde la propia habitación

 

Las zonas comunes de la unidad de convivencia son la cocina, el comedor y la sala de estar, y podrán agruparse en un único espacio polivalente. La dotación de este espacio tendrá una dimensión de 5,60 metros cuadrados por plaza con una dotación no inferior a 30 metros cuadrados.

 

a) Promoción de la autonomía personal y participación, favoreciendo que la persona mayor conserve y ejercite sus capacidades, desarrolle la elección entre distintas opciones y participe en las decisiones que le afecten y sobre la vida del centro.

b) Normalización, proporcionando a las personas mayores, dentro y fuera del centro, un estilo de vida cotidiana lo más cercano posible, en configuración, desarrollo y experiencias, al que cualquier persona pueda disfrutar en su entorno familiar y social natural, procurando su atención a través de los servicios generales y ordinarios. Se utilizarán todos los servicios que sean posibles del entorno como parte de las actividades del centro, y se programarán actividades en el centro que tengan como destino las personas que vivan en el entorno del mismo, dentro de un enfoque comunitario.

c) Atención integral, garantizando la adecuada cobertura de las necesidades de la persona mayor, a través de la coordinación con otros dispositivos y recursos, así como de la coordinación interna y de las actuaciones basadas en la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo.

d) Personalización de la atención, favoreciendo la flexibilidad en la búsqueda de una mayor adecuación de dicha atención a las necesidades, demandas y expectativas de la persona mayor.

e) Atención profesional dirigida al mantenimiento de la salud, buscando la mejor y más efectiva coordinación con los recursos del sistema sanitario, así como a las situaciones de dependencia mediante el reforzamiento de la promoción de la autonomía y la rehabilitación de la funcionalidad perdida, todo ello planificado y puesto en práctica sobre actividades que tengan sentido para cada persona usuaria.

 

f) Promoción de las relaciones con la familia y con otras personas de referencia.

g) Organización de la convivencia con especial atención a la garantía de la salvaguarda y preservación de los derechos de los usuarios y la dignidad de la persona, afianzando la libertad, confidencialidad, privacidad o intimidad de las personas usuarias.

 

h) Formación continuada del personal adaptada a las necesidades de los distintos programas y servicios.

i) Planificación, programación, coordinación y evaluación de la actividad, y sometimiento de la misma a las actuaciones de inspección, vigilancia, supervisión y control, garantizando los niveles requeridos de efectividad y calidad en la prestación de atención y servicios.

 

Se velará por que se garanticen los derechos de las personas usuarias de los centros de carácter social, en especial los dirigidos a:

a) Promover su autonomía sea cual fuera el alcance de sus limitaciones, en consonancia con sus preferencias y en línea con sus intereses.

b) Recibir de los profesionales que prestan servicio en el centro un trato personalizado, afectuoso, digno y respetuoso con su intimidad, identidad y creencias.

 

c) Mantener relaciones tan cercanas como sea posible con su familia, con los amigos y personas significativas en su vida y con el entorno social.

d) Recibir información, en particular sobre su situación personal y familiar, sus derechos y deberes, y su vida en el centro, y a un asesoramiento técnico sobre estas cuestiones.

e) Participar, activa y responsablemente, de acuerdo con su capacidad, en las decisiones que le afecten y en la organización, programación y desarrollo de la vida en el centro.

 

f) Expresar su opinión con libertad, a comunicarse con la dirección o responsable del centro, su profesional de referencia y resto de profesionales del centro, y a presentar peticiones, sugerencias y quejas.

g) Preservar la confidencialidad de sus datos personales y familiares.

 

 

Artículo 29. Deberes de las personas usuarias.

Las personas usuarias de los centros de carácter social para personas mayores, en el marco de la legislación en materia de servicios sociales y atención y protección a las personas mayores en Castilla y León, tendrán los siguientes deberes:

a) Respetar a las demás personas usuarias y al personal que preste sus servicios en el centro, comportándose correctamente con ellos.

b) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento y la ordenación de la vida del centro y las indicaciones que reciban de los profesionales en el ejercicio legítimo de sus funciones, especialmente en lo referente al régimen de salidas del centro, para lo que se precisará la comunicación de las mismas.

c) Utilizar adecuadamente las dependencias y objetos del centro, cuidar las propias pertenencias y respetar las de las demás personas usuarias.

d) Cumplir los acuerdos y compromisos convenidos con el centro.

 

 

Garantizar a las personas usuarias el ejercicio del derecho a presentar peticiones, sugerencias y quejas, y promover la participación activa en la organización, programación y desarrollo de la vida del centro.

 

3. Las exigencias de dotación de profesionales en centros residenciales y unidades de estancias diurnas, tanto en lo que se refiere a la dotación mínima global en el centro, como a la de los profesionales de atención directa se expresará en una ratio que se calculará poniendo en el numerador el número de trabajadores y en el denominador la ocupación media que ha tenido el centro, considerando un periodo anual desde la fecha que se tome de referencia. La precisión de dicha ratio será hasta la milésima. A estos efectos, para el cómputo del número de trabajadores se tendrá en cuenta el equivalente al número de jornadas completas de los trabajadores que presten servicio en el centro de forma habitual, con independencia de su forma de contratación. Dicho cálculo deberá realizarse computando a cada trabajador en la equivalencia que corresponda según la proporción entre su jornada de trabajo y el 100% de la jornada anual según el Convenio Colectivo aplicable.

 

Cuando un centro residencial o un centro de día con unidad de estancias diurnas, cuente en su totalidad con usuarios de Grado II o de Grado III de acuerdo con la clasificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y su normativa de desarrollo, la ratio global del centro residencial será de 0,460 en los centros residenciales y de 0,235 en las unidades de estancias diurnas. En el resto de las situaciones, la ratio será de 0,410 y en las unidades de estancias diurnas de 0,230.

 

2. En los centros residenciales se considerará como ratio mínima conjunta de personal de atención directa y de personal técnico, aquella que no sea inferior a 0,248 teniendo en cuenta los contratos vigentes de los trabajadores en situación de alta laboral y la ocupación del centro en el día concreto

 

Para  cada   10  usuarios de  grado  2  y  3   habrá   4,6   empleados   entre  personal  de  atención  directa  y  técnico  (  director  ats  medico trab  social  fisio etc) .  En  centro de  dia   baja  cada   10   usuarios   2,35  empleados .

 

Ratio  minima   de las  residencias  con grado  0  1  2  3    es    por  cada  10  usuarios    2,48  empleados    o   5  empleados  cada  20  residentes.

 

El  director  puede    ser   a media   jornada  hasta  las  60  plazas  residenciales

 

Artículo 38. Personal de atención directa.

1. El personal de atención directa tiene como función principal la prestación de los apoyos a las personas usuarias de acuerdo con lo previsto en su proyecto de vida, así como canalizar las demandas de aquellas que no puedan satisfacer.

 

2. El personal que desempeñe estas funciones deberá poseer los conocimientos y capacidades que le permitan ejercer sus funciones con garantías de calidad y profesionalidad. Para ello, deberá contar con la titulación del sistema de formación profesional en materia de atención a personas en situación de dependencia, o con el respectivo certificado de profesionalidad o la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes, ya sea en instituciones sociales o en el domicilio.

 

3. La organización de los turnos dentro del centro residencial garantizará la atención de estos profesionales las 24 horas del día todos los días de la semana. Durante el período de actividad diurna, ninguna unidad de convivencia o espacio común del centro donde haya personas usuarias con necesidad de apoyos podrá prescindir de la atención de estos profesionales.

 

Durante las noches, los centros residenciales con ocupación hasta 60 personas usuarias contarán con al menos un profesional de atención directa. En este caso deberá estar localizable otro profesional del centro. Cada 60 personas usuarias o fracción se dotará de otro profesional de atención directa.

 

Cuando   los  usuarios  sean  de   todos  de  grados   2  y  3   la  ratio de  atención directa  será de  10  usuarios  2,75   trabajadores .

Si  hay    todos los  grados  solo se  exigen  por  cada  10  residentes    2,2  trabajadores

 

La función del personal de servicios generales es atender los servicios de limpieza, lavandería, cocina, seguridad, administrativos y análogos

2. Al profesional de referencia le corresponderán las siguientes funciones:

a) Establecer con la persona mayor una relación de apoyo, constituyendo para él una figura de referencia en el centro, para la atención, canalización y resolución de sus problemas y demandas.

b) Facilitar la coordinación diaria de todas las actuaciones relativas a la persona mayor, la ejecución y el desarrollo de las actividades en las que participe, adecuándolas a los objetivos previstos en su proyecto de vida y orientándola en beneficio de su desarrollo personal y social.

 

c) Apoyar el desarrollo del proyecto de vida y las actuaciones concretas que integren el mismo de cada persona mayor a él asignada, llevar a cabo el seguimiento continuado de la persona mayor y proponer cuando proceda, las adaptaciones pertinentes en dicho proyecto de vida.

d) Servir de enlace y referencia de la familia, en su caso.

e) Asegurar el puntual y completo registro de las incidencias, datos y observaciones sobre la persona usuaria y su evolución, recopilar información sobre ella, incorporándola a los informes que hayan de ser elaborados sobre la evaluación y seguimiento del proyecto de vida, compartiendo con el resto del personal la información disponible sobre aquella, y lo determinado sobre ella en las sucesivas reuniones del equipo de atención directa.

 

f) Cuidar de que se incorporen al expediente de la persona usuaria todos los documentos y datos que deban ser recogidos en él, garantizando su ordenación y permanente puesta al día.

g) Responsabilizarse del funcionamiento y dinamización del grupo de convivencia en el que, como unidad funcional básica, se integran las personas usuarias a él asignadas.

 

3. En la designación del profesional de referencia, se atenderá en la medida de lo posible su adecuación a las necesidades o condiciones específicas que pueda presentar la persona usuaria, y deberá ser un profesional de atención directa en los centros residenciales. Ningún profesional de referencia podrá serlo de más de seis personas usuarias en los centros residenciales y de doce en los centros de día con unidad de estancias diurnas.

En estos últimos centros el personal técnico también podrá realizar funciones   varias .

 

Para  los  centros   Ya  en  funcionamiento  c) La superficie mínima del dormitorio será de 8 metros cuadrados en las habitaciones individuales y 12 metros cuadrados en las dobles.

d) Existirá un aseo con ducha accesible por cada dos habitaciones.

e) El espacio común de la unidad de convivencia podrá agruparse en un único espacio polivalente. La dotación de este espacio tendrá una dimensión de 4,00 metros cuadrados por plaza con una dotación no inferior a 30 metros cuadrados.

 

Una vez haya concluido el plazo previsto en la disposición transitoria tercera del presente decreto, aquellos centros que cuenten con plazas que no hayan sido calificadas como aptas para personas en situación de dependencia, para justificar las prestaciones económicas vinculadas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, deberán certificar que las personas afectadas ocupan plazas aptas para personas dependientes.

 

Los centros residenciales que se encuentren autorizados, definitiva o condicionadamente, antes de la entrada en vigor del presente decreto y cuenten con habitaciones con tres o más plazas, dispondrán de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este decreto para modificar la capacidad de aquellas a un máximo de dos plazas.

 

Que disponga de, al menos, un aseo con ducha que dé servicio, como máximo, a cuatro plazas o fracción. El aseo incluido dentro de una habitación se considerará de uso exclusivo para esas plazas. La zona de ducha de estos aseos deberá estar enrasada con el suelo adyacente y permitir, en posición de sentado, el aseo con apoyos de una tercera persona. Asimismo, contará con un sistema de alarma al centro de control

 

Sexta. Cualificación profesional del personal de atención directa.

Hasta que se convoquen y resuelvan los procesos de evaluación y acreditación de competencias necesarios para la obtención de los certificados de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad, incluidos en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, que permitan el acceso a dichos procesos al personal que preste servicios en el ámbito de esta Comunidad, a través del servicio público o privado que dé lugar a prestación vinculada, y no reúna los requisitos de formación exigidos por Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se le exigirá la formación prevista en la normativa autonómica vigente a la entrada en vigor del presente decreto.

 

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, por la consejería competente en materia de servicios sociales se aprobará la orden que establezca el contenido y la estructura del plan de gestión de la calidad de los centros.

Los centros que determina el presente decreto deberán contar con el correspondiente plan de calidad del centro en el plazo de un año desde la fecha de publicación de la citada orden.

 

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, por la consejería competente en materia de servicios sociales se aprobará la orden que determine el contenido y la estructura del proyecto de vida de los usuarios.

En los centros que determina el presente decreto, las personas usuarias deberán contar con el correspondiente proyecto de vida en el plazo de un año desde la fecha de publicación de la citada orden

 

El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el bocyl

 

http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=05/02/2016BOCYL-D-05022016-2.pdf

 

¿Quién se encargara de todos los ancianos en el  2030?

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La vieja carne está ya aquí.

Y la montalña de carne   está creciendo más rápido de lo que imaginas.

En 2030 seremos 2.302.367  personas mayores de 65 años .

Saborearlo. 2 302 367.

Y ¿qué significa?

¿Qué puedes que hacer con éllo?

Tal vez usted es joven. Usted hace cosas consigo mismo. Esta completo.Hmm.

Si necesitas  la atención de una antigua cojera hoy, eso que no es nada comparado con lo que va a necesitar en 2030. ¿Quién crees que se hará cargo de todo en tus 60+, 70+ y 80+?

Sí,  a que nos lleva.

Tendran que dejar de lado sus carreras,  y a los niños que duermen y empezar a masajear las piernas amputadas de su madre.

Si no.

Si no se hace nada. Si no hay un cuidado de mayores  reformado radicalmente.

Y aquí no basta la elección del paciente y algunos más “los ancianos”. Si los valores y una abitación en el balcón para aquellos que pueden pagar.

Se necesita algo más.Se requiere un enfoque a largo plazo que va más allá de los ascensos de carrera de los políticos.

Esto es acerca de la planificación.

¿Por qué no un consejo nacional?

Una colección de las personas fuertes y bien informados que analizan las necesidades específicas de las personas de edad avanzada.

Por lo tanto.

En primer lugar hay que hacer un análisis.

Y entonces, cambiar  la legislación, regulación y organización.

No como ahora:

Reglamentos primero, adaptados al hombre.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/vagardubligammal/article11591245.ab

¿Hacer pagar a la residencia por la sanidad pública que reciben los residentes?_ndice

Uno de los problemas por resolver que afectan al sector de la atención a personas mayores en residencias es el de la atención sanitaria que reciben los residentes.
En teoría, como cualquier otro ciudadano beneficiario del sistema público de sanidad, éstos tienen los mismos derechos a recibir atención que una persona que vive en su casa.
La realidad dista bastante de la teoría.
Para empezar, lo normal es que un residente cuente, además de con su médico de cabecera, con un médico pagado por la residencia que es quien le visita, realiza diagnósticos  y prescribe medicamentos cuando se precisan.  Como ese médico suele trabajar en base a una relación privada con la residencia, cada centro encuentra la forma de convertir esa prescripción en “receta” y finalmente en medicamentos reales pagados por el sistema público.
Existen muchas formas de convertir una prescripción en receta y en cada rincón de España aplican “su” sistema sin que exista, para algo de tanta relevancia, un método común planificado y ajustado a la Ley.  Así, es posible que la residencia lleve periódicamente un listado de prescripciones al centro de Atención Primaria y allí el médico de cabecera de los residentes (que ni los ha visto) firme las recetas devolviéndolas al cabo de unos días.  En ese caso una farmacia “avanza” los medicamentos sin recetas y arregla la situación cuando éstas llegan al cabo de unos días.  En otros lugares el médico de la sanidad pública interviene desde el principio; en otros se han creado programas piloto en los que existen equipos de médicos de la sanidad pública (o empresas contratadas) que se coordinan con los de las residencias para agilizar la atención y prescripción.
Sea como sea, desde la administración pública se ve a los residentes como unos grandes consumidores de recursos y medicamentos por lo que, su preocupación cuando se ponen a planificar, parece más basada en bajar la factura que en crear un sistema equitativo.
La consecuencia de esta dispersión es una de descontrol y de discriminación contra unos mayores, que normalmente necesitan una gran intensidad de atención sanitaria y en cambio reciben menos de la Sanidad Pública que los mayores que viven en sus domicilios.
Aunque resulta difícil generalizar, ya que la situación es diferente en cada comunidad autónoma, creo que no me equivoco si digo que un mayor diabético que vive en su casa recibe más tiras reactivas y lancetas para hacer pruebas de glucemia que uno que vive en una residencia.  Una persona mayor “normal” (o sea, que no vive en una residencia) que sufra de incontinencia recibe más pañales que los que se prescriben a aquel que vive en una residencia de mayores.  Un octogenario que ingrese en urgencias de un hospital proveniente de una residencia tiene una posibilidad bastante elevada de ser “devuelto” al centro en circunstancias que, si la persona fuese procedente de su domicilio, le harían quedarse en el hospital durante más tiempo recibiendo el tratamiento que necesita.
Estas circunstancias podrían tener alguna explicación si las residencias de mayores fuesen centros sanitarios que recibiesen algún tipo de financiación del sistema de salud, pero la realidad es que, a todos los efectos legales, una residencia de mayores es sencillamente un sustituto del hogar.
Escribo esto porque en las últimas semanas he recibido un documento que el Institut Català de la Salut (ICS) está proponiendo firmar a algunas residencias de la provincia de Tarragona. He leído la propuesta, he hablado con varios profesionales y me he quedado perplejo ya que me parece a la vez algo muy bueno y algo malo.
Imaginemos que tengo una residencia asistida de personas mayores de 100 plazas.  Tengo en mi plantilla a un facultativo contratado que viene a 30 horas a la semana que actúa como médico de los residentes.  También tengo enfermera, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y todo el personal que me exigen la normativa y los requisitos de acreditación.
Un día la Sanidad pública me propone que un médico del ambulatorio  (Centro de Atención Primaria) podría prestar un servicio más intenso en la residencia, atendiendo a los residentes, realizando las valoraciones de ingreso, participando en las reuniones del equipo interdisciplinar.
Concretamente me ofrecen que ese médico de la sanidad pública participe de la siguiente forma:
Acogida  del residente.
• Realizar la evaluación geriátrica integral de la persona en el momento del ingreso, cumplimentar la historia clínica y el expediente asistencial y hacer el seguimiento periódico que requiere el protocolo del centro.
• Definir y registrar en la historia clínica del residente con el aplicativo propio de la residencia y el E-CAP (programa informático de Atención Primaria Pública); los objetivos, actividades y seguimiento de los requerimientos según los niveles de atención que necesite cada persona.
• Prescribir los tratamientos de continuidad y revisar las pautas semanalmente
Seguimiento del estado de salud del residente.
• Hacer los seguimientos periódicos según las pautas asistenciales del Centro en cuanto a la prescripción específica en temas de seguridad (contenciones físicas) y nutrición, entre otros.
• Revisar y adecuar los objetivos de atención médica periódicamente y puntualmente en los casos de necesidad, determinando los niveles de atención que necesita cada persona
• Aplicar los programas de prevención y promoción de la salud de las personas atendidas en el centro, en colaboración con otros profesionales del equipo interdisciplinario.
• Derivar la persona atendida al recurso asistencial pertinente cuando no se pueda atender adecuadamente en la residencia y establecer la coordinación necesaria para mantener el continuo asistencial.
• Ejercer sus responsabilidades ético-legales poniendo los medios necesarios para proteger a los residente y familiares en relación a la intimidad, confidencialidad, seguridad, derecho a una muerte digna, …
• Hacer reuniones de seguimiento semanal con los usuarios y sus familias para tratar cambios de tratamiento, inquietudes, miedos o preocupaciones que pueden influir en la evolución de su estado de salud.
• Tener actualizados los planes terapéuticos y los expedientes clínicos, según los requerimientos normativos del centro.
• Dar apoyo a los residentes/usuarios y familiares en momentos críticos.
• Asesorar y formar al personal asistencial en todo aquello que pueda conducir a la mejora de la calidad de la atención prestada mediados alce
Coordinación con el resto del equipo asistencial
• La realización de las actividades médicas requieren coordinarse con el resto del equipo asistencial para poder dar una atención integral. Esta coordinación se realiza a través de:
• Coordinación e intercambio de información con la DUE de la Residencia para hacer un seguimiento adecuado de la salud del residente.
• Participar en la elaboración de procedimientos y normas relativas a la salud de los residentes (Protocolos …).
• Participación en las reuniones interdisciplinares semanales para intercambiar datos, solución de problemas y planificación de tratamientos y/o pruebas con el resto de miembros del equipo asistencial.
• Colaborar con los profesionales asistenciales de la residencia para una atención biopsicosocial.
• Atención aguda domiciliada urgente (no emergencias), tanto en horario EAP (Equipo de Atención Primaria) como fuera del horario del mismo (atención 7 días por semana las 24 horas).
 Atención a los profesionales del Centro.
El médico deberá dar asistencia en caso de necesidad y/o urgencia a los profesionales del Centro.
Relaciones externas.
• Farmacia, pera la provisión del servicio.
• Personal y Centros de atención especializada para la coordinación e información sobre derivaciones.  Pruebas especiales, analíticas, intervenciones quirúrgicas …
Encima me ofrecen   una conexión directa desde la residencia con el programa informático de atención primaria de la salud pública.
¡Esto es fabuloso! Pienso.  Finalmente los residentes recibirán el servicio a que tienen derecho.
Cuando sigo leyendo el documento que me proponen firmar veo que se trata de un convenio que tiene obligaciones por las dos partes.  El Institut Català de Salut me ofrece ese servicio tan bueno, yo, o sea, la residencia, deberá pagar por ello una cantidad que para una residencia de 100 plazas rondaría los 20.000 Euros al año.
¿Pero, no tienen derecho los residentes a recibir ese servicio sin pagar nada más?
Lo cierto es que si me pongo a hacer números y calculo lo que ahora pago al médico por hacer mucho menos de lo que  ahora me ofrece la Salud Pública veo que las cosas me cuadran muy bien.
O sea:  Me gusta lo que me ofrecen; no me parece legal tener que pagar por ello pero, me sale a cuenta pagarlo  a cambio de recibir lo que me ofrecen.
¿Complicado?
La cosa se lía un poco más cuando le explico al médico que tengo en nómina lo que está pasando y le doy una copia de la propuesta.
Él, que lleva tiempo en el centro me pregunta:  Cuando hace unos años contrataste una empresa para que llevase la cocina de la residencia ¿No se quedaron con los cocineros que hasta entonces tenías en nómina del centro?  ¿Lo hicieron porque quisieron o porque estaban obligados a hacerlo?   Lo digo porque si firmas ese documento ¿Me contratará el Institut Català de la Salut? Y si no lo hace ¿Me despedirás?
Supongo que estas líneas no resultarán llamativas para las residencias situadas en el Sur de Tarragona.  Algunas de ellas llevan meses recibiendo el servicio que he explicado por parte de la Sanidad Pública sin tener que pagar nada por ello y sólo hace unos meses han recibido la propuesta de convenio.
Estas residencias, que según me han dicho, están satisfechas de cómo funcionan las cosas, se preguntan si deben o no firmar el documento.
Para el resto de residencias lo que cuento debe sonar bastante raro.
Voy a seguir hablando con gente y, dentro de unos días escribiré algo más sobre este tema.  Mientras tanto ¿Alguien quiere opinar?

Publicado por en 17:02

La sexualidad en entornos residenciales: una cuestión de derechos y calidad de vida

La sexualidad en entornos residenciales: una cuestión de derechos y calidad de vida Por Feliciano Villar

 

Un artículo de Feliciano Villar
Universidad de Barcelona

 

 

Al menos desde la adolescencia, la sexualidad es una dimensión muy importante de la vida, una fuente de placer, un espacio de comunicación e intimidad y un factor importante que influye en nuestro bienestar personal.

Sin embargo, entre los prejuicios que tradicionalmente se han atribuido a la vejez y a los mayores, contamos con algunos referidos a su sexualidad. De acuerdo con estos estereotipos, la vejez es una etapa asexual, en la que la persona pierde la capacidad e incluso el interés en el sexo. Incluso cuando algunas personas mayores muestran abiertamente este tipo de intereses la tendencia es a pensar que es algo no apropiado o moralmente reprobable (¿por qué existen si no los ‘viejos verdes’, pero no los ‘jóvenes verdes’?).

Geriatricarea sexualidad en entornos residenciales

Aunque la práctica sexual disminuye con la edad, una mayoría de mayores continúa disfrutando de su sexualidad hasta edades muy avanzadas

Los resultados de los estudios realizados en este ámbito desmienten estos prejuicios. Aunque la práctica sexual disminuye con la edad, una mayoría de mayores continúa disfrutando de su sexualidad hasta edades muy avanzadas. Además, se ha de tener en cuenta que el sexo no se remite únicamente al coito, sino que existen otras prácticas (masturbación, besos, caricias, etc.) que pueden tener un papel importante en la vejez, como también lo tienen en otros momentos de la vida. La presencia cada vez de manera más abierta de la sexualidad en la vejez probablemente se incrementará en las próximas generaciones, en las que la educación y los valores en relación al sexo ya fueron mucho menos restrictivos.

Pese a ello, hay situaciones en las que la práctica de la sexualidad, o incluso el reconocimiento de los derechos sexuales de los mayores, se encuentran particularmente en entredicho. Una de ellas es la institucionalización, es decir, los mayores que viven en entornos residenciales. En estos casos, los impedimentos que los mayores encuentran para expresarse sexualmente, si así lo desean, son muy numerosos.

Barreras a la sexualidad de los mayores institucionalizados

Algunas barreras con las que se encuentran los mayores que viven en residencia para expresar intereses y comportamientos sexuales tienen que ver con el propio diseño y organización de las residencias de personas mayores. Todavía hoy, las instalaciones con las que contamos tienen mucho de hospital, donde la norma son los pasillos largos y amplios para acceder rápidamente a las habitaciones, o las habitaciones compartidas, sin una adecuada privacidad y sin mecanismos para regular el acceso (pestillos, cartelitos de ‘no molesten’) que dependan del usuario.

Los mayores que viven en estas instituciones pasan la mayor parte del tiempo en zonas comunes, supervisados por profesionales y siguiendo muchas veces unos horarios y actividades estandarizados. En este tipo de contexto, continuar con la práctica sexual que uno desea, y que quizá únicamente supone continuar lo que ya se hacía antes del ingreso, es francamente difícil.

Pero además de estas cuestiones de diseño y organización, las actitudes ante la sexualidad en la residencia también tienden a restringirla. Por una parte, las actitudes de los profesionales, quienes pueden ver en la expresión sexual de los mayores un problema que complica su trabajo y les provoca incomodidad (y por ello es mejor que no aparezca), o un motivo de burla o de cotilleo con los compañeros, sin respetar la intimidad de la persona mayor.

Actitudes también de la familia, para quienes en ocasiones no resulta fácil aceptar que su padre o madre, por ejemplo, puede seguir teniendo una vida sexual activa y que tiene derecho a ello. A veces, además, los profesionales trasladan a la familia situaciones que quizá pertenecen exclusivamente a la intimidad del residente, y las familias se atribuyen decisiones para las que se debería contar con la persona afectada.

Por último, también es necesario reconocer que las actitudes de los propios residentes tampoco siempre son siempre favorables cuando descubren o intuyen que un compañero o compañera expresa interés o comportamientos sexuales. El temor al qué dirán, o la presencia de prejuicios muy arraigados entre las actuales generaciones de mayores no ayuda a normalizar ese tipo de intereses y comportamientos.

Estas dificultades para seguir mostrando de modo natural una dimensión humana fundamental en ocasiones llegan claramente a una violación de los derechos de la persona. Estos casos son particularmente frecuentes para ciertos colectivos de personas mayores institucionalizadas. Estamos hablando, por ejemplo, de los mayores homosexuales, gays y lesbianas, que en muchas ocasiones no tienen sólo que renunciar a su sexualidad, sino incluso han de ‘volver al armario’ cuando ingresan en una residencia, y ocultar su identidad sexual por temor a ser rechazados o estigmatizados.

También supone un desafío la sexualidad de las personas con demencia. Algunas de ellas pueden mostrar comportamientos desinhibidos en relación al sexo, y determinar hasta qué punto la persona consiente o si hay riesgo de abuso, es complejo. Implica, además, ciertos problemas éticos cuya solución no debería ser, por defecto, restringir o impedir la expresión sexual y los derechos sexuales de estas personas simplemente en previsión de que pudiera haber algún problema.

¿Qué podemos hacer?

Como podemos observar, hay mucho que hacer todavía en relación a este tipo de situaciones. Quizá en primer lugar debemos reconocer que la sexualidad no sólo está presente en muchas de las personas que viven en entornos residenciales, sino que es un derecho que no se pierde al entrar en una residencia.

Geriatricarea sexualidad en entornos residenciales: una cuestión de derechos y calidad de vida. Por Feliciano Villar

La sexualidad no sólo está presente en muchas de las personas que viven en entornos residenciales, sino que es un derecho que no se pierde al entrar en una residencia

Pero además de esto, a nuestro juicio existen al menos dos tipos de medidas deberían tomarse para tratar esta cuestión. En primer lugar, formar mejor a los profesionales en cuestiones relacionadas con la sexualidad en la vejez, y con la sexualidad en entornos residenciales en particular, es fundamental. Hemos de tener en cuenta que son los profesionales (dirección, equipo técnico, auxiliares, etc.) quienes están en contacto directo con los mayores y deben asesorarles y apoyarles en relación con su sexualidad. Son ellos quienes, en último término, van a garantizar los derechos sexuales de los residentes.

En segundo lugar, esta labor de los profesionales debe tener lugar en un entorno institucional adecuado. Así, hemos de avanzar hacia la presencia de políticas y regulaciones, por parte de la dirección de las residencias y de las instancias que las supervisan, que explícitamente recojan medidas para formar, informar, garantizar y promover los derechos sexuales de los residentes, así como la aceptación de la diversidad sexual dentro de las residencia, dentro de un contexto de respeto mutuo y convivencia.

Reconocer la importancia de la sexualidad para las personas mayores que viven en residencia no es más que un elemento a incorporar en la atención centrada en la persona, con lo que supone de mejora en la calidad del cuidado y en promoción de una dimensión de la calidad de vida, la sexualidad, de la que frecuentemente nos olvidamos en la vejez.

Para saber más

Por desgracia, los estudios sobre la sexualidad de los mayores institucionalizados son muy escasos. Además del interés y relevancia del tema, esta fue una de las motivaciones de nuestro grupo de investigación en la Universidad de Barcelona para iniciar una línea de investigación en este sentido.

En español, el lector interesado puede profundizar en el tema a partir de las siguientes referencias:

· Villar, F., Triadó, C., Celdrán, C. y Fabà, J. (2012). Sexualidad y personas mayores institucionalizadas: La perspectiva del residente y la perspectiva del profesional. Informe para el IMSERSO, proyecto de investigación 25/11.
· Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J. y Serrat, R. (2014). Regulación de la expresión sexual de los mayores ingresados en residencias. La visión de los profesionales. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 49(6), 272-278.
· Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J. y Serrat, R. (2014). Staff attitudes towards sexual relationships among institutionalized people with dementia: Does an extreme cautionary stance predominate? International Psychogeriatrics, 26, 406-412.
· Villar, F., Celdrán, M., Fabà, J. y Serrat, R. (2014). Barriers to sexual expression in residential aged care facilities: Comparison of staff and residents’ views. Journal of AdvancedNursing, 70(11), 2518-2527.

En nuestro país, el tema de la sexualidad en la vejez también ha sido tratado por Félix López, profesor de la Universidad de Salamanca:
· López, F. y Olazábal, J.C. (2005). Sexualidad en la vejez. Madrid: Pirámide.

Este artículo de Feliciano Villar ha sido publicado en http://acpgerontologia.blogspot.com

- See more at: http://geriatricarea.com/la-sexualidad-en-entornos-residenciales-una-cuestion-de-derechos-y-calidad-de-vida/#sthash.Aqv4vjRa.dpuf

ley

Les adjuntamos la Resolución publicada en el BOE sobre el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (descargar) https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12394.pdf

 

 Los puntos más reseñables de dicha resolución son:

 - El que hace referencia a los mayores de 55 años: No obstante, las personas que tengan una edad igual o superior a 55 años a 31 de diciembre de 2015, que estén desempeñando sus funciones en las categorías profesionales de Cuidador/Gerocultor y de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y acrediten una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esas categorías profesionales en los últimos 10 años, quedarán habilitadas de forma excepcional en la categoría que corresponda, en el ámbito de su comunidad autónoma. Esta habilitación solo tendrá efecto para el trabajador en el ámbito de esa comunidad autónoma donde presta sus servicios.

 - Plazo de acreditación: Los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales anteriormente reseñados serán exigibles a 31 de diciembre de 2017, y en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado en esa fecha

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Es importante tener un plan en caso de que usted sufra una enfermedad, incapacidad o en el caso de su muerte.

  • Consulte con un abogado con respecto a una “patria potestad” (poder legal) en vida, un poder autorizando
    a alguien para que decida por usted en lo referente a su salud y sus finanzas, y otros medios para estipular sus deseos si se enferma o muere.
  • Consulte con la familia y los amigos cercanos para decidir quien aceptará la responsabilidad de la persona con AD. También sería aconsejable que busque información acerca de su departamento local de tutela pública, el departamento de conservación de la salud mental, los servicios de protección a los adultos u otros servicios de asistencia social. Estas organizaciones pueden tener programas que le presten asistencia a la persona con AD en su ausencia.
  • Mantenga una libreta de notas para la persona que se ha hecho responsable y que va a asumir el cuidado. Dicha libreta debe contener la siguiente información:
    • Números de emergencia
    • Actuales problemas de comportamiento y posibles soluciones
    • Formas de calmar a la persona que padece de AD
    • Asistencia que requiere para ir al baño, alimentarse o vestirse
    • Actividades o alimentación preferidas
  • Visite instituciones en su comunidad que ofrecen residencia y cuidados, o estadía a corto y largo plazo, y escoja algunas posibilidades. Si la persona con AD ya no es capaz de vivir en la casa, a la persona responsable de ella le quedará más fácil cumplir los deseos suyos sobre el cuidado a largo plazo.

Evaluar los servicios desde la Atención Centrada en la Persona

Un artículo de Teresa Martínez Rodríguez, psicóloga experta en gerontología social y autora de www.acpgerontologia.net

Hoy día, casi nadie pone en duda la importancia de evaluar los servicios gerontológicos. Evaluar y asegurar su calidad son objetivos que han ido cobrando importancia tanto desde la responsabilidad del buen hacer institucional, empresarial y profesional como por la obligación inherente a las administraciones públicas de garantizar unos mínimos de calidad asistencial. Evaluar permite conocer, mejorar, documentar y reforzar los logros, así como detectar áreas de mejora.

En la evaluación de la calidad de los servicios relacionados con el cuidado personal se vienen contemplando dos componentes, complementarios, que necesariamente deben integrados: la atención dispensada y la gestión. En muchas ocasiones, el esfuerzo e interés se ha centrado más en la gestión del centro o servicio que en la calidad de la atención. Además, en la evaluación de la calidad asistencial han tenido gran peso las dimensiones más objetivas y biosanitarias (mejoras clínicas, seguridad, higiene, etc.) frente a las referidas a la calidad de vida de la persona y, concretamente a los aspectos más emocionales y subjetivos (preferencias, elecciones, respeto a las propias decisiones, bienestar subjetivo, etc.) que apenas han sido contemplados.

Geriatricarea Atención Centrada en la Persona

La Atención Centrada en la Persona debe estar presente en el diseño de los sistemas de evaluación de la calidad asistencial

La  AGE Platform Europe junto con la European Association for directors of residential homes for the ederly (AGE & EDE, 2012), en su documento de consenso El marco europeo para la calidad de los cuidados de larga duración a personas mayores, han enunciado los principios que definen un servicio de calidad, incorporando tanto consideraciones relacionadas con la gestión como con la atención y señalando la orientación a la persona como un eje clave en la calidad de los servicios.

Ciertamente, hoy día no podemos conformarnos con el objetivo de lograr una determinada cobertura de crecimiento de recursos o con que los recursos cumplan ciertas condiciones objetivas de tipo técnico. Hemos de dar respuesta a una exigencia ciudadana en aumento que demanda nuevas formas de hacer que garanticen el derecho a decidir de quienes precisan cuidados, que conozcan los modos de vida y preferencias individuales, que apoyen que las personas tengan control sobre su vida y cuidados favorezciendo su  bienestar subjetivo. La Atención Centrada en la Persona (ACP), eje internacionalmente reconocido en la definición de la calidad asistencial de los servicios de cuidados de larga duración, debe estar también presente en el diseño de los sistemas de evaluación de su calidad.

En estos últimos años, publicaciones internacionales dan muestra del creciente interés por el diseño de nuevos  instrumentos de evaluación orientados desde el enfoque ACP en el campo de la salud y de los cuidados de larga duración. De especial interés es  la revisión realizada por Devora de Silva (2014), publicada por The Health Foundation en el documento que lleva por título Helping measure person-centred care.

Los instrumentos de evaluación orientados desde la ACP son diversos. Se han desarrollado desde distintas aproximaciones entre las que cabe destacar la observación sistemática de la atención dispensada y del bienestar de las personas, la evaluación del espacio físico así como  la evaluación desde la opinión de quienes participan en la atención (personas usuarias, familias y los profesionales de atención directa). También se han diseñado herramientas para medir el  progreso del cambio de modelo en los servicios (mediante auto-evaluación y evaluaciones externas) a través de descriptores e indicadores del mismo.

La ACP es un enfoque todavía escasamente implantado en los servicios sanitarios y gerontológicos españoles. En la actualidad, los instrumentos traducidos y adaptados al español para poder ser usados con las garantías psicométricas pertinentes, son escasos.  En esta breve lista cabe citar, en primer lugar  la  validación del Dementia Care Mapping al español para su uso en residencias de personas con demencia (Villar, Vila-Miravent, Celdrán, & Fernández, 2015). Una herramienta que permite llevar a cabo una observación sistemática de distintos aspectos conductuales de las personas con demencia y de la comunicación de los cuidadores con éstas.

En segundo lugar cabe mencionar la reciente validación que ha sido realizada en una amplia muestra de residencias y centros de día españoles de dos instrumentos que evalúan el grado de ACP dispensado (Martínez, Suárez-Ávarez, Yanguas, y Muñiz, 2015). En este estudio nacional hemos realizado la versión española de dos instrumentos destinados a conocer en qué grado las residencias y centros de día para personas mayores ofrecen una atención centrada en la persona según la opinión de los propios profesionales de atención directa. El primero es The Person‐centered Care Assessment Tool (P‐CAT), cuya versión original, en inglés, fue elaborada por Edwardsson, Fetherstonhaugh, & Gibson (2010).  El segundo es The Staff Assessment Person‐directed Care (PDC) e (PDC), creado originalmente por White, Newton‐Curtis, & Lyons, (2008), prueba algo más extensa que la primera y compuesta por ocho factores.

Los resultados obtenidos (su resumen puede ser consultado en el Informe Nº 2 de la serie Informesacpgerontologia), señalan que ambas pruebas presentan unas adecuadas propiedades psicométricas, lo que avala su uso tanto en la evaluación de los servicios como en investigación. Recomendamos, no obstante, en la evaluación de la ACP, utilizar distintas aproximaciones y no limitarla a la opinión de los profesionales para evitar de este modo el sesgo de subjetividad, incluyendo además de la opinión de las personas usuarias, familiares y observación de la atención, algunos indicadores que permitan registrar el progreso en la implementación del modelo.

En este sentido, es oportuno reflexionar sobre si los indicadores de calidad asistencial que vienen siendo utilizados tanto en la evaluación de servicios como en la investigación son válidos para evaluar la calidad desde la óptica de la ACP. Las baterías de indicadores de calidad asistencial vienen siendo diseñadas desde una visión fundamentalmente biomédica integrando dimensiones relacionadas con la salud y el funcionamiento, la higiene, la seguridad o la eficacia clínica/terapéutica, entre otras. Sin embargo, los componentes esenciales de la ACP (autodeterminación en la vida y el cuidado,  bienestar subjetivo, el reconocimiento de su singularidad  y los elementos de un entorno facilitador) apenas tienen presencia.

Si se reconoce la ACP como uno de los ejes clave de la calidad asistencial es preciso incluir indicadores que completen  los habitualmente utilizados permitiendo una visión global y realmente integral de la atención, así como matizar algunos de los que se vienen utilizando (como por ejemplo, el nivel de actividad observado o las caídas registradas) para que no se sitúen en contradicción con los objetivos de la ACP.

La ACP debe integrarse en la evaluación de la calidad de los servicios junto con otros ejes que vienen definiendo la calidad asistencial como son  la accesibilidad al servicio, la seguridad, las prácticas basadas en la evidencia o la eficiencia. No tendría mucho sentido entender la evaluación de la ACP como algo “a parte” de los diferentes aspectos relacionados con la calidad asistencial que venimos comprobando. La ACP permite una  mirada más global a la calidad de los servicios y cuidados dispensados poniendo en el centro las preferencias y la autonomía personal del individuo que precisa y recibe cuidados. Todo un reto que plantea  mucho trabajo, de gran complejidad, pero  absolutamente necesario.

Para acabar, a modo de resumen, algunas consideraciones y recomendaciones finales que pueden servir de ayuda en el diseño de una evaluación de servicios gerontológicos integrando la perspectiva de la ACP:

– No olvidar que la evaluación es un medio y no debe planificarse de una forma aislada  al modelo de atención propuesto.

– Es importante integrar la ACP dentro de una evaluación más global, revisando los actuales indicadores de calidad asistencial y combinando  métodos de evaluación cuantitativa y cualitativa.

– Es preciso  llegar a un consenso sobre  los principales componentes de la ACP y una batería de  indicadores para evaluar el progreso de su implementación.

– No hay un instrumento ni modelo de evaluación “ideal” ni consensuado para evaluar la ACP. Es recomendable contemplar las distintas visiones (personas mayores, familias, profesionales de atención directa y evaluadores externos) así como la observación  de la atención dispensada y la evaluación a través de indicadores de progreso consensuados.

– Es necesario utilizar instrumentos validados en población española que cuenten con unas adecuadas propiedades psicométricas.

-Es importante diferenciar la utilización de instrumentos de intervención y de evaluación.

Geriatricarea Teresa Martínez Rodríguez ACP.jpgSobre la autora: Teresa Martínez Rodríguez

Teresa Martínez Rodríguez es Licenciada en psicología por la Universidad Complutense. Dra. en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo y experta en gerontología social. Autora de distintas publicaciones en el ámbito de la gerontología aplicada, entre ellas la guía para profesionales, La atención gerontológica centrada en la persona, editada en el 2011 por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno del País Vasco, y de la web www.acpgerontologia

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¿QUÉ IVA DEBERÍAN PAGAR LAS RESIDENCIAS GERIÁTRICAS PRIVADAS?Hace unos días leí en la prensa que la Fundación Edad y Vida reclama un tipo de IVA único del 4% para las residencias de tercera edad privada, sea cual sea el tipo de prestación y la titularidad del servicio.

Para entender lo que pide la Fundación hay que entender que actualmente el IVA que pagan las residencias  en España depende de varios factores por lo que, según quién presta y quién paga, este puede oscilar entre la exención y el 10% (este fue el título que puse a un post de 2012 donde explico este perverso abanico).

Ahora Edad y Vida razona que “es necesario considerar los servicios de atención a la dependencia (centros residenciales, centros de día, teleasistencia y servicios de atención a domicilio) como servicios de primera necesidad y, como tales, establecer el IVA súperreducido para los mismos, lo que “contribuiría a mejorar el acceso a este tipo de servicios” (fuente)

Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta que se ha presentado a los diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales.  Y de hecho me iba a poner a escribir argumentos a favor de tal reducción, como el del retorno que supone, el alejamiento que se ha producido en los últimos años entre la capacidad adquisitiva de los posibles usuarios y el precio de las residencias, entre otros.

Pero resulta que de todo eso ya he escrito en este blog por lo que me permito invitar a los lectores a releer algunos de los posts de hace algún tiempo y a dar su opinión (si de paso alguien quiere difundirlo en su perfil de redes sociales, mejor).

Sobre por qué el IVA debería ser único y del 4%  (diciembre de 2012)

A FAVOR DEL IVA DEL 4% UNICO PARA DEPENDENCIA

Lo he defendido varias veces y, aunque parece de lógica, todavía tenemos dos IVAs diferentes para los servicios de atención a la dependencia (tres si incluímos el IVA cero de algunos establecimientos benéficios).

Si una plaza en una residencia es concertada paga el 4% pero si es privada paga el 10%, salvo que el cliente reciba una ayuda pública en forma de Prestación Económica Vinculada (PEV) que suponga más de un 75% del precio de la plaza, en ese caso, también paga el 4%. ¿Resulta complicado?  La verdad es que lo es de una forma artificiosa.

Hasta 2010 los servicios a la dependencia compartían un único tipo de IVA, pero entonces, en lo que llamé en este blog “La Rebaja Interrupta del IVA” el gobierno del señor Zapatero decidió subir un punto el IVA a las plazas privadas en residencias y bajarle tres puntos a las concertadas.  Como quien paga básicamente las plazas concertadas son las comunidades autónomas la medida supuso una propina a esas comunidades mientras se subía el precio real que pagan los usuarios de las residencias privadas.  Todo ello a costa de introducir un elemento de ilógica en el sistema.

A partir de mediados de 2010 dos personas mayores que comparten habitación en una residencia con plazas privadas y concertadas generan tipos de IVA diferentes por recibir exactamente el mismo servicio.

El sistema se complicó en la siguiente subida del IVA, gobernando ya el Sr. Rajoy ya que se mantienen los diferentes tipos de IVA pero con un matiz: quienes reciban una Prestación Económica Vinculada que suponga más de un 75% del precio de la plaza pagan el 4% en vez de el 10% ¿Saben qué es lo más divertido de la medida?  ¡Que nadie recibe PEV que cubran más del 75% del coste de la plaza!

¿No sería más lógico que se unificase el tipo de IVA para todos servicios a la dependencia en el 4%?

Así lo han creído las asociaciones de residencias.  AERTE en la Comunidad Valenciana o ACRA en Cataluña incluso recogieron firmas para pedirlo.  También desde Cataluña surgió una iniciativa intermedia, que consiste en pedir que las plazas “de colaboración” (una figura anterior a la Ley de Dependencia parecida a la PEV pero asimilada en la gestión con el concierto) tuviesen un IVA del 4%, algo que se planteó como una “muy buena noticia” aunque algunos, entre los que me encuentro, veamos de muy difícil encaje en la legalidad.

Hace pocos días he recibido una nueva iniciativa que me ha gustado especialmente por ser muy “de internet”.  Upimir, asociación que agrupa a pequeñas y medianas residencias, ha decidido lanzar una campaña de petición de firmas a través del portal Change.org, una de esas páginas que movilizan a internautas sobre una causa.  Hoy mismo, más de 210.000 personas han dicho que no quieren que los organizadores de la fiesta de Halloween donde murieron cuatro chicas organicen una fiesta de fin de año.

La campaña de Upimir pide de forma escueta  ”IVA del 4% para todas las plazas de residencia en centros geriatricos” y en el momento en que escribo esta entrada lleva 44 firmas (una es la mía).  Animo a todos los que leen este blog a sumarse a la recogida.

No creo que Upimir consiga mucho más de lo que han conseguido otras asociaciones con sus recogidas de firmas pero estaría muy bien que se siguiese hablando de este tema que, aunque no sea el más relevante cuando tratamos de dependencia, sí lo podría ser para muchas familias que podrían, con un IVA más reducido, asumir el pago de una residencia privada para un ser querido que la necesita.

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Sobre el calculo del retorno económico que produce gastar en dependencia (Octubre de 2012)

RECORTAR EN DEPENDENCIA O ELIMINAR LA INEFICIENCIA

En Junio de 2010, gobernando Rodríguez Zapatero, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) presentó al gobierno un informe en el que ofrecía una fórmula para reducir el déficit público en tres años por un valor de 5.100 millones de Euros.  Una de las medidas era concertar todas las plazas desocupadas en España en residencias geriátricas privadas, unas 50.000, medida que generaría un retorno de 300 millones de euros.  Había otras medidas interesantes (leer opinión de Josep de Martí sobre aquél estudio).

Alberto Echevarría y Alberto GiménezInmune al desánimo,  la Federación ha elaborado un nuevo informe, que todavía no ha difundido en su integridad que ya ha presentado en Moncloa.  Alberto Echevarría, presidente de la FED, ha manifestado en relación a ese informe que “Resulta ineficiente que los enfermos crónicos estén atendidos en hospitales cuando perfectamente pueden estar atendidos en centros socio-sanitarios, con más calidad y a un coste sensiblemente menor”,  la FED insiste en que la disminución del déficit público debe hacerse por la vía del impulso económico en aquellos sectores capaces de consolidar fiscalmente en el año los retornos superiores al gasto.

Esperemos que esta vez encuentre la FED unos oidos más receptivos a su mensaje.

De momento el informe íntegro no se ha hecho público, tendremos que esperar a leerlo en detalla mientras leermos lo que los medios nos dicen.